ACTUALIZACIÓN: COMUNICADO CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL Y POR LA RETIRADA DE CARGOS DE LOS DETENIDOS EL 17F

Las pasadas semanas hemos asistido a una ola de protestas sociales en las calles por la libertad de expresión y contra la violencia e impunidad policial, a raíz del encarcelamiento de Pablo Hasél y la brutal agresión de Linares. Estas movilizaciones en defensa de los derechos fundamentales de todos y todas han sido duramente reprimidas con más brutalidad policial. 

Sin embargo, desde los medios de comunicación, se ignora la violencia policial y se criminaliza a los manifestantes, mediante una campaña de terror sensacionalista, que obvia los motivos de las protestas, y parece buscar enfrentar a la población y fomentar el populismo punitivo. Un contenedor ardiendo es más grave que la pérdida de un ojo; el orden público, más importante que el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión y de manifestación. 

Desde la Presidencia del Gobierno y el Ministerio del Interior se abunda en este mensaje: democracia plena no es aquella en la que una ciudadanía consciente y activa defiende sus derechos. Democracia plena es impunidad policial, ciudadanía pasiva y sumisa, y orden y "normalidad" en la calle. 

Olvidan la doctrina del "efecto desaliento" del TEDH: las infracciones o delitos leves cometidos durante el ejercicio de derechos fundamentales, deben ser castigadas lo mínimo posible, para evitar que las personas dejen de ejercerlos por miedo. En el Estado español parece regir el principio contrario: tolerancia cero frente a todo discurso crítico mínimamente progresista y a las movilizaciones en la calle. Siempre que estas movilizaciones, claro está, no sean de extrema derecha... 

La escalada represiva no es casual. Si antes de la pandemia la situación ya era grave, ésta ha exacerbado las contradicciones del sistema: aumentan la desigualdad social, la pobreza, la precariedad, la explotación y el desempleo, mientras grandes empresas como las eléctricas obtienen récord de beneficios. Crisis de la vivienda, de los cuidados, racismo institucional, retroceso de la igualdad entre hombres y mujeres... los motivos para el descontento y la protesta son muchos, y van en aumento. 

Es en este contexto en el que, preventivamente, el Estado endurece la represión. No estando dispuesto a buscar soluciones transformadoras, lanza una advertencia de cara a las futuras movilizaciones, y a una nueva generación que llega a la vida adulta sin expectativas de futuro, pero por ello, también sin miedo.

En este clima de criminalización de la protesta, más de 150 personas han sido detenidas en todo el estado. A día de hoy, la policía ha efectuado 6 detenciones en Granada. 3 personas se encuentran en libertad con cargos acusados de desórdenes públicos, 1 no ha llegado a pasar a disposición judicial y para otros dos jóvenes se decretó prisión preventiva sin fianza y, tras pasar más de dos semanas en el C.P. de Albolote, fueron puestos en libertad el pasado 11 de marzo, después de que la ciudad manifestara su total desacuerdo y de que judicialmente se interpusieran recursos de apelación. (Estos últimos están acusados de daños al mobiliario urbano, desórdenes públicos y atentado contra agentes de la autoridad)

A pesar de que los dos jóvenes están ya en la calle, no podemos dejar de destacar lo desproporcionado y arbitrario de la prisión preventiva. Parece que se había decidido encarcelar, sin juicio, a dos personas para, por un lado desalentar el derecho a la protesta, y por otro dar una falsa imagen de peligrosidad de los manifestantes ante la opinión pública. Tampoco podemos olvidar que, aunque estén ya en libertad, siguen inmersos en un proceso que podría suponer penas de prisión.

Frente a estos hechos, la Plataforma Antirrepresiva y por la Libertad de Expresión, y las organizaciones y los colectivos abajo firmantes: 

1. Declaramos nuestra solidaridad y apoyo a todos los encausados, que salieron a la calle para defender derechos fundamentales, sin los cuales, no puede haber democracia.
2. Denunciamos la desproporción de la medida de más de dos semanas de prisión provisional para los compañeros, medida que parece obedecer a una voluntad ejemplarizante.
3. Reclamamos la aplicación de la doctrina del Tribunal de Derechos Humanos del Consejo de Europa de evitar el "Efecto desaliento", y el fin de la criminalización de la protesta social y la libre expresión.
4. Instamos a la apertura de oficio de una investigación por parte de Fiscalía para apurar la responsabilidad por los diversos sucesos de violencia policial durante las últimas movilizaciones que han quedado documentados en numerosos vídeos publicados en medios de comunicación.
5. Y exigimos el archivo de todas las causas.

Porque SIN DERECHO A LA PROTESTA NO HAY DEMOCRACIA, 

Porque SIN LIBERTAD DE EXPRESIÓN NO HAY DEMOCRACIA, 

¡LIBERTAD SIN CARGOS, DETENIDAS POR LUCHAR!

Plataforma Antirrepresiva y por la Libertad de Expresión de Granada.

ADHESIONES

CNT-AIT Granada

SAT Granada

CGT Granada

Defender Granada

Stop Represión Granada

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)

Izquierda Anticapitalista Revolucionaria (IZAR)

Jaleo!!!

Asamblea Feminista Unitaria de Granada (AFU)

Nación Andaluza Granada

Juventud Comunista de Granada (UJCE)

Unión Sindical Estudiantil (USE)

Estudiantes en Movimiento Granada

Stop Desahucios Granada

Granada Diversa y Combativa

Plataforma Metropolitana de Granada por las Pensiones Públicas

Irídia - Centre per la Defensa del Drets Humans

Novact - Instituto Internacional por la Acción Noviolenta

Ajuntamiento Albayzín

Ajuntamiento Centro-Sagrario

Defender a quien Defiende (DqD)

Fridays for Future (FFF)

Marchas de la Dignidad

Asamblea Interprofesional de Granada

Casa de Paso (Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Granada)

Grupo Memorialista Zenete y Guadix

(Actualizado el 17 de marzo)